domingo, 8 de abril de 2007

Desplazados no tienen doliente
Mayo 27 de 2004

A media marcha trabaja la Unidad de Atención y Orientación al Desplazado, UAO.
De diez instituciones que les tendían la mano a los desarraigados, actualmente sólo tres entidades prestan su servicio.
Pero no sólo los desplazados sienten que se han quedado sin dolientes sino también los campesinos y los jóvenes promotores de derechos humanos.
Así lo sostienen asociaciones comunitarias, líderes y estudiantes de diferentes planteles educativos de la ciudad, quienes aseguraron que proyectos que fueron liderados por la anterior administración, hoy no cuentan con el impulso de la Consejería de Paz del Municipio.
La Red Juvenil de Derechos Humanos, la UAO, las ollas comunitarias y las mesas de concertación en los corregimientos que abanderaba esta oficina, se encuentran en el limbo.
El personero Adolfo León López denunció que algunas instituciones no han adquirido un compromiso serio frente a la problemática que sufre la población desplazada y la Administración tampoco ha presentado alternativas de solución.
Es el caso de Bienestar Familiar, Profamilia y la Procuraduría cuya presencia no es permanente en la UAO.
Esta situación se ve reflejada en las condiciones de vida que enfrentan sectores como el barrio Manuela Beltrán, donde funciona la Asociación Marcando Huella,conformada por 65 familias provenientes del sur del país.
“En dos años que llevamos aquí en la ciudad no hemos logrado acceder a servicios de educación, salud ni empleo. Lo que hemos conseguido ha sido por nuestra cuenta”, aseguró una madre.

El 7 de junio se reunirá el Asesor de Paz con mandatarios de otras regiones para analizar el retorno de desplazados a sus tierras. En Cali hay registrados 25.000 desplazados.

Esta mujer agregó que los nuevos funcionarios que llegaron a la Consejería con el cambio de Gobierno no conocen a fondo su problemática, razón por la cual los desarraigados prefieren deambular en las calles.

De igual manera, después de constituirse una red con 600 promotores juveniles de derechos humanos, en la actualidad esta iniciativa está inerte. Pese a que continúan con sus reuniones, los jóvenes no cuentan con un coordinador ni tienen perspectivas.
En el camino también quedaron las ollas comunitarias, las mesas rurales y el proceso de concertación con los taladores de madera de los Farallones de Cali.
“Aunque las mesas sobreviven con el apoyo de las secretarías de Infraestructura Vial y de Salud, el problema más que de conflicto es de hambre”, explicó la líder Ayadith Ortega.
Igualmente, dijo que “a partir de un convenio con el Ministerio del Medio Ambiente, los taladores se comprometieron a no cortar más árboles para dedicarse a proyectos productivos. Pero esta iniciativa no fue impulsada”.
Por su parte, el asesor de Paz del Municipio, Fernando Ortega, reconoció que el programa de la UAO no está regularizado en la atención a personas en estado vulnerable y la suspensión de los programas obedece a la entrega de los recursos.
Este año se invertirán $1.030 millones en alimentación, unidades productivas y protección de derechos humanos.

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